El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció este lunes el inicio de un proceso disciplinario contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, tras revelarse denuncias de presuntos sobornos e incumplimiento de funciones. La decisión surge a raíz de una investigación periodística que vinculó al funcionario con el cobro irregular de dinero para favorecer excarcelaciones.
Martínez, en declaraciones desde Huánuco, explicó que el Ministerio de Justicia actuará conforme a la ley y que se garantizará el respeto al debido proceso. “Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden, y nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones”, afirmó, evitando adelantar posibles sanciones mientras se desarrollen las pesquisas internas.
El ministro también destacó que su cartera mantiene una política de control permanente en los penales del país, donde se han realizado múltiples operativos desde el inicio de la gestión del presidente interino, José Jerí. “Hemos hecho requisas en Lima y en provincias con resultados contundentes que serán anunciados en su momento”, señaló, en alusión a los recientes operativos penitenciarios comparados con los de El Salvador.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que el caso de Paredes está bajo investigación y que en las próximas horas se definirá su futuro en el cargo. El premier sostuvo que las decisiones no se tomarán “bajo la emoción o la coyuntura”, sino con base en pruebas concretas.
Álvarez advirtió, además, que cuando un funcionario adopta medidas estrictas, suelen producirse sabotajes internos o filtraciones que buscan desprestigiar su labor. “Cuando un director ingresa con rigor, aparecen los escándalos o las fugas, como una forma de debilitar su autoridad”, comentó, sugiriendo que el caso podría tener trasfondo político o institucional.
La investigación periodística de Cuarto Poder sostiene que Iván Paredes habría coordinado la devolución de un soborno de 80.000 soles destinado a facilitar la liberación de un exagente policial condenado. Además, el programa reveló que el funcionario fue multado por Indecopi con más de 16.000 soles por incumplimientos profesionales en su labor como abogado, incluyendo la falta de denuncias pactadas y la no restitución de 3.500 dólares a un cliente.
El denunciante, identificado como Sergio Castro, ratificó sus acusaciones y presentó pruebas documentales, como transferencias bancarias y mensajes en los que exigía el reembolso del dinero. Aunque Paredes negó los hechos y aseguró que los audios difundidos fueron manipulados, el escándalo ha reavivado el debate sobre la transparencia en el sistema penitenciario y la idoneidad de los funcionarios que lo dirigen.
Vía: Infobae