El exdiputado nacional Adrián Vega recordó que la Ley 1352, conocida como la ley de arraigo obligatorio, impide que las altas autoridades del Estado —como ministros, presidentes, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios que manejaron recursos públicos— salgan del país durante tres meses después de dejar sus cargos. Vega enfatizó que la norma debe aplicarse con rigurosidad en el actual proceso de transición, tras el anuncio del retiro del gabinete del presidente Luis Arce.
El exlegislador señaló que la Contraloría General del Estado debe remitir una lista de todas las autoridades cesantes a la Dirección General de Migración, con el fin de efectivizar el arraigo temporal y evitar posibles fugas de exfuncionarios que puedan estar implicados en hechos de corrupción. Explicó que el período de tres meses busca garantizar que el nuevo Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, tenga tiempo para revisar documentación, auditar gestiones anteriores y activar al Ministerio Público si se detectan irregularidades.
Vega subrayó que este mecanismo no solo abarca a autoridades electas, sino también a designadas, como ministros o directores de empresas estatales, quienes están obligados a permanecer en territorio boliviano mientras se realiza la evaluación y entrega de sus oficinas. “No queremos que escapen de Bolivia ni de la rendición de cuentas; la ley está para garantizar transparencia y evitar la impunidad”, sostuvo.
Por su parte, el todavía ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, coincidió en que la normativa debe cumplirse sin discusión. Aclaró que tanto él como sus colegas no podrán salir del país durante 90 días, y aseguró que, en su caso, regresará a vivir a Tarija durante este tiempo. “La ley es para aplicarla, no para debatirla; la vamos a respetar”, afirmó.
Ruiz consideró que la medida es parte del proceso natural de transición democrática, y remarcó que las actuales autoridades deben dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes, demostrando que no hay temor a la fiscalización. Con ello, se espera que el periodo posterior al cambio de mando se desarrolle con transparencia, orden institucional y plena sujeción a la normativa vigente.