La presidenta de la Junta Escolar del Colegio Bolivia, Marisol Tejerina, expresó su preocupación por el retraso en el inicio de las obras de construcción comprometidas mediante un convenio firmado el pasado 4 de julio entre el municipio y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Según explicó, la obra debía comenzar en julio, pero a la fecha no se ha ejecutado ninguna intervención, pese a que los estudiantes de primaria ya fueron trasladados al colegio San Antonio y se realizaron adecuaciones improvisadas para continuar las clases, como convertir laboratorios y depósitos en aulas. Tejerina subrayó que más de 1.200 estudiantes, entre ambos turnos, están siendo perjudicados.
La dirigente detalló que, aunque recibió una llamada del ingeniero Edwin Gareca, Secretario de Infraestructura del Municipio, asegurando que la demolición empezaría de inmediato, esperan que esta vez se cumpla lo prometido. Reiteró su llamado tanto al municipio como al Gobierno central para que aceleren la ejecución, ya que el convenio establece un plazo de 420 días calendario para la obra. “Esto no es para nosotros, es para nuestros hijos y sobrinos”, enfatizó.
Por su parte, Matruska Barrientos, dirigente barrial de SENAC, consideró que el proyecto es de gran importancia para los niños y que las autoridades deben cumplir lo pactado. Expresó su respaldo a las gestiones de la Junta Escolar y su compromiso de acompañar las demandas hasta que las obras se inicien y se concluyan. También manifestó su preocupación por las condiciones precarias en que los estudiantes están desarrollando sus clases y la posibilidad de que esta situación se prolongue por más de un año.
Finalmente, Rubén Conde, otro dirigente de la Junta Escolar, advirtió que el convenio firmado contempla cláusulas que podrían derivar en sanciones para las instituciones responsables en caso de incumplimiento, incluso autorizando el débito directo al municipio para garantizar la ejecución del proyecto. Señaló que el retraso ya es evidente y que es urgente que las obras comiencen para no seguir afectando el derecho a la educación de los estudiantes.
