La Gobernación de Tarija confirmó que, debido a la falta de recursos económicos, se procederá a la rescisión de 90 contratos de trabajadores en salud hasta el 31 de julio. Esta decisión, que afecta a personal médico, de enfermería y laboratorios, ha generado rechazo en el sector, que ya anuncia movilizaciones. Además, el pago del bono vacunación, un beneficio histórico para el sector salud, se encuentra en duda, lo que agrava aún más el conflicto.
El gobernador Oscar Montes explicó que la crisis financiera impide seguir financiando los contratos de personal, especialmente en hospitales de tercer nivel. En ese marco, ya se cesaron 24 contratos y se completará el corte de 90 ítems a fin de mes. La autoridad también anunció que otras unidades de la Gobernación enfrentarán recortes similares. Paralelamente, reveló que un estudio detectó una mala distribución del personal en los municipios, por lo que se reubicarán recursos humanos hacia zonas con mayor demanda, como Cercado, Yacuiba y Villa Montes.
Frente a esta situación, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) solicitó una reunión con el Ministerio de Salud para buscar soluciones, ante la imposibilidad financiera de asumir los más de 300 ítems actualmente a cargo de los municipios. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta oficial. Los alcaldes, al igual que la Gobernación, admiten que no cuentan con fondos suficientes para cubrir las necesidades del sistema de salud.
Desde el Colegio Médico de Tarija, su presidente Edwin Valdés criticó que las decisiones sobre despidos se tomen sin consultar a los actores del sistema. Declaró estado de emergencia y advirtió posibles movilizaciones si no se revierten los despidos. Por su parte, el Sedes recordó que el 70% de los médicos en Tarija dependen del Ministerio de Salud, por lo que el Gobierno central debería asumir su responsabilidad, más aún considerando que administra el 80% de los ingresos del país, mientras la Gobernación ve una caída de más del 40% en las regalías.
Otro punto crítico es el bono vacunación, un beneficio que, según el gobernador, debería ser cubierto por el Gobierno Nacional. No obstante, la Gobernación está obligada a destinar 8 millones de bolivianos para este pago, monto con el que no cuenta. Montes propuso que los trabajadores renuncien voluntariamente al bono para redirigir esos fondos a programas sociales, como la canasta del adulto mayor y el funcionamiento de centros de acogida.
El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores en Salud, Omar Velásquez, fue enfático en señalar que no aceptarán esa propuesta, ya que el bono es un derecho adquirido desde hace más de tres décadas. Criticó que la Gobernación no haya previsto este gasto en su planificación presupuestaria y advirtió que, de mantenerse la negativa a pagar el bono, se pedirá al Ministerio de Economía que active un débito automático para garantizar su cumplimiento. La salud pública en Tarija, una vez más, se encuentra al borde del colapso institucional.
