Comunario denuncia discriminación en programa de viviendas por oponerse a petroleras en Tariquía

«Los que verdaderamente necesitan están siendo ignorados», expresó con indignación, añadiendo que incluso han sido objeto de procesos judiciales por defender el medio ambiente.

Juan Mendoza, comunario de Chiquiaca, denunció públicamente que la Agencia Estatal de Vivienda estaría actuando de manera discriminatoria al excluir a ciertos comunarios del programa de viviendas por no apoyar el ingreso de empresas petroleras a la Reserva de Tariquía.

Según Mendoza, esta exclusión afectaría especialmente a quienes han defendido la reserva y no tienen vínculos con organizaciones afines al Gobierno, como las Bartolinas, grupo que —según afirmó— estaría decidiendo de manera arbitraria quiénes acceden o no a los beneficios del programa habitacional.

Mendoza explicó que la situación ha generado malestar entre comunarios de escasos recursos, quienes nunca antes recibieron apoyo gubernamental o de organizaciones no gubernamentales.

En contraste, sostuvo que personas con ingresos fijos y cercanas al oficialismo estarían siendo beneficiadas con viviendas o mejoras habitacionales. «Los que verdaderamente necesitan están siendo ignorados», expresó con indignación, añadiendo que incluso han sido objeto de procesos judiciales por defender el medio ambiente.

El comunario también cuestionó la falta de coherencia institucional, señalando que la Agencia Estatal de Vivienda argumenta no intervenir en zonas dentro de la reserva, cuando ya existen proyectos realizados en esa área e incluso algunas viviendas que no han sido concluidas, pero fueron dadas por finalizadas administrativamente.

Frente a esta situación, pidió una fiscalización rigurosa para determinar si se están cumpliendo correctamente los procedimientos y criterios de asignación.

Finalmente, Mendoza anunció que junto con otros comunarios presentará una denuncia formal por escrito ante la Agencia Estatal de Vivienda y otras instancias, incluyendo al Defensor del Pueblo, exigiendo que los procesos de asignación se realicen en reuniones comunitarias abiertas. «No puede ser que unas pocas personas decidan por todos. Queremos transparencia y equidad», concluyó.

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