Si la Asamblea Legislativa Departamental no actúa en el marco de su rol fiscalizador incurriría en el delito penal de incumplimiento de deberes.
El diputado nacional Edwin Rosas anunció que remitirá a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija la documentación necesaria para que se activen las acciones de repetición contra los responsables del cierre del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), lo que habría generado un perjuicio económico al Estado superior a los 25 millones de bolivianos.
Según Rosas, esta suma surge de un informe de la Contraloría General del Estado que identifica una responsabilidad civil directa, además de pagos por sueldos devengados tras una resolución judicial que obligó a la restitución de trabajadores despedidos.
A criterio de del diputado el conflicto tiene su origen en febrero de 2022, cuando mediante decreto departamental, se decidió el cierre de SEDECA. Esta acción derivó en una demanda judicial por parte de los trabajadores, quienes posteriormente fueron respaldados por un amparo constitucional. La resolución 1122/2022 de la Sala Constitucional ratificó el fallo a favor de los trabajadores, ordenando su restitución. Lo que obligó a posteriores pagos por más de 10 millones de bolivianos en sueldos devengados.
El informe EP 46/123 de la Contraloría también establece una responsabilidad civil por 15,5 millones de bolivianos adicionales, monto que, sumado a los sueldos ya cancelados, totaliza un daño económico de más de 25 millones.
Rosas citó el artículo 113, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que establece que el Estado, cuando es condenado a pagar daños, debe activar la acción de repetición contra las autoridades que ocasionaron el perjuicio.
El diputado advirtió que, si la Asamblea Legislativa Departamental no actúa en el marco de su rol fiscalizador e interpone las acciones legales correspondientes, incurriría en el delito penal de incumplimiento de deberes.
