No cumplir con ese pago genera consecuencias no solo legales, sino sociales, ya que se trata de un derecho fundamental de las personas privadas de libertad”, señaló la funcionaria.
La directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Tarija, Giovanna Delfín, denunció que el 90% del presupuesto de su unidad se destina al pago de prendarios para los privados de libertad, dejando recursos muy limitados para otras acciones de seguridad, como el fortalecimiento del Comando Departamental de la Policía o la atención a unidades como la FELCV. Esta situación se arrastra desde 2021, año en que se solicitó oficialmente al Gobierno central que asuma nuevamente esta competencia, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Delfín explicó que esta carga económica fue traspasada a los gobiernos departamentales mediante un decreto, lo que obliga a la Gobernación de Tarija a asumir mensualmente el costo del alimento de los internos en los recintos penitenciarios. “No cumplir con ese pago genera consecuencias no solo legales, sino sociales, ya que se trata de un derecho fundamental de las personas privadas de libertad”, señaló. La situación se agrava, indicó, porque también se debe pagar por detenidos temporales en Bermejo, Entre Ríos o Morros Blancos, sin importar el tiempo que permanezcan recluidos.
La funcionaria remarcó que esta responsabilidad absorbe prácticamente todos los recursos asignados por IDH a Seguridad Ciudadana, que además ha sufrido una reducción considerable: de 7,7 millones de bolivianos en 2023 a solo 6,2 millones en 2024. Esta disminución impide destinar fondos a otros aspectos clave como equipamiento, tecnología o patrullajes. “Estamos asfixiados financieramente”, advirtió.
Ante estas limitaciones, el apoyo de la Gobernación a la Policía se ha centrado únicamente en el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos oficiales, tanto para el Comando como para la FELCV. Estos recursos se entregan semanalmente, previa presentación de requerimientos y posterior rendición de informes detallados por parte de las fuerzas del orden.
Finalmente, Delfín reiteró el pedido al Gobierno central para que asuma nuevamente la administración y financiamiento del régimen penitenciario, que según dijo, no corresponde a las competencias departamentales. “Los recursos que hoy se destinan a prenderos deberían usarse en fortalecer la seguridad ciudadana que demanda la población”, concluyó.
