El caso conocido como ‘consorcio’ volvió a ingresar en reserva por otros 10 días, lo que impide el acceso público y de defensa a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. La medida, criticada por abogados defensores, se suma al traslado de la exvocal Claudia Castro a un centro médico, dejando sin ningún acusado tras las rejas. Castro era la única que aún permanecía en un penal por este proceso.
La abogada del juez Fernando Lea Plaza cuestionó la decisión judicial al denunciar que ni siquiera los abogados defensores pueden acceder al contenido del cuaderno de investigaciones. Anunció que plantearán una acción de libertad, al considerar que el derecho a la defensa está siendo vulnerado. Asegura que el portafolio digital del caso sigue bloqueado, incluso para los defensores legales.
Desde el 11 de junio, siete personas, entre ellas autoridades judiciales y del Ejecutivo, fueron aprehendidas por presuntamente maniobrar una acción de amparo para destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. Hasta ahora, siete de los ocho involucrados ya fueron cautelados, aunque la mayoría se encuentra internada en clínicas privadas alegando problemas de salud.
Este lunes se confirmó que Claudia Castro, exvocal judicial y única detenida en un centro penitenciario, fue trasladada también a un hospital. Las autoridades policiales no precisaron si permanece internada. Con esta salida, todos los implicados en el caso están bajo detención domiciliaria o atención médica fuera de prisión, lo que ha generado críticas sobre un posible uso estratégico de recursos legales y médicos.
La primera declaración de reserva sobre este caso se impuso el 17 de junio y vencía el pasado viernes. No obstante, en vez de presentar avances, el Ministerio Público optó por renovar la reserva por otros 10 días, manteniendo bajo estricto secreto los procedimientos investigativos. Esta medida impide incluso a los sistemas digitales judiciales reflejar los avances del caso, según denuncias legales.
Hasta la fecha, se estima que más de 20 personas han prestado declaración ante la Fiscalía, aunque no se ha hecho pública una lista de testigos ni los contenidos de sus declaraciones. El único prófugo del caso sigue siendo Oscar De Lafuente Amelunge, el abogado que presentó la acción de cumplimiento que dio origen al escándalo judicial por intentar remover a la magistrada Coaquira.
Vía: El Deber