Jeanine Áñez exige al TSJ juzgar con firmeza el “sicariato judicial” y denuncia abusos en su contra

La expresidenta Jeanine Áñez pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actuar con “transparencia y firmeza” frente a lo que calificó como un sistema de “sicariato fiscal y judicial”, en referencia a presuntas estructuras judiciales que, según ella, operan con fines políticos en Bolivia. Su declaración se da en medio de la investigación de un presunto consorcio judicial que ha cobrado notoriedad en los últimos días.

Áñez vinculó su denuncia con la reciente aprehensión de la vocal Claudia Castro, miembro de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quien responsabiliza por múltiples decisiones judiciales en su contra. Recordó que la ha denunciado durante los últimos cuatro años, acusándola de declararse competente para procesarla con cargos supuestamente fabricados, pero incompetente para juzgar a Evo Morales por fraude electoral.

La exmandataria sostuvo que la vocal ahora detenida formaba parte de una estructura judicial que promovía la persecución política. “La justicia en Bolivia ha sido instrumentalizada para silenciar y encarcelar a opositores”, afirmó, exigiendo una investigación profunda y sin impunidad que esclarezca el alcance de estas redes de poder dentro del sistema judicial.

En tono reflexivo, Áñez pidió que el máximo tribunal del país actúe con integridad y verdad: “Pido a Dios que ilumine al TSJ en el camino de transparencia y verdad que desenmascare hasta el final (…) y condene al sicariato fiscal y judicial”, expresó, advirtiendo que las cárceles del país se han convertido en instrumentos de control político.

El caso ha escalado hasta niveles institucionales, provocando la renuncia del exministro de Justicia, César Siles, ahora bajo investigación. En su lugar, el presidente Luis Arce posesionó este lunes a Jessica Saravia como nueva ministra de Justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa las pesquisas y crecen los llamados desde diversos sectores para depurar el sistema judicial y sancionar a quienes hayan utilizado la ley con fines políticos.

Vía: La Razón

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