La justicia boliviana investiga un presunto caso de consorcio judicial que involucraría al exministro de Justicia, César Siles. Esta figura penal está contemplada en la Ley 1390 bajo el nombre de “Consorcio entre Responsables del Servicio de Justicia” y sanciona con penas de entre 5 y 10 años de prisión, además de multas económicas. El abogado penalista Ramiro Vega explicó que este tipo de delito se configura cuando hay una coordinación permanente entre abogados, jueces y fiscales para manipular resoluciones judiciales.
Origen del caso y la implicación de Siles
El caso salió a la luz luego de que el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, emitiera un fallo que suspendía a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, por una presunta omisión relacionada con el proceso electoral. Tras ese hecho, el 11 de junio de 2025 se presentó una denuncia verbal contra el juez, lo que dio paso a una investigación que reveló una supuesta “coordinación de alto nivel” en la que estaría implicado Siles.
Pruebas en audio y cuestionamientos legales
Uno de los principales elementos que maneja la Fiscalía son audios difundidos en redes sociales en los que, supuestamente, César Siles coordina directamente con el juez Lea Plaza el contenido del fallo. En esas grabaciones se menciona incluso que el fallo tendría respaldo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, el abogado Vega advirtió que estos audios no deberían ser usados como prueba, ya que habrían sido obtenidos de manera ilegal, lo que convierte su uso en una acción también sancionada por la ley.
Aprehensión de una vocal judicial
En el marco de las investigaciones, este lunes fue aprehendida la vocal Claudia Castro del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según las primeras indagaciones, habría sido ella quien instruyó directamente al juez de Coroico los términos del fallo contra la magistrada Coaquira, lo que refuerza la hipótesis de una estructura articulada para manipular decisiones judiciales con fines políticos o personales.
Panorama judicial y próximos pasos
El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial y político, al mostrar posibles redes internas de influencia en el sistema de justicia. La Fiscalía continúa con operativos y recopilación de pruebas mientras el proceso sigue bajo reserva. De comprobarse los hechos, se trataría de uno de los escándalos de consorcio más serios en los últimos años, con implicaciones que alcanzan a autoridades de alto nivel del Estado boliviano.
Vía: Los Tiempos