El Gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, decidió activar la «cláusula de escape» de la regla fiscal, una medida que suspende durante tres años los límites al gasto y endeudamiento del Estado. La decisión se toma en medio de una crisis de caja y con previsiones alarmantes: el déficit fiscal podría superar el 7,5% del PIB en 2025, un nivel no visto desde hace más de un siglo, exceptuando la pandemia. Mientras algunos consideran la medida como un gesto de realismo por parte del Ministerio de Hacienda, otros la perciben como una señal que aumenta la incertidumbre en los mercados.
Analistas advierten que la creciente prima de riesgo del país, ahora superior a la de economías como Turquía o Brasil, encarecerá el acceso al crédito y debilitará la posición fiscal de Colombia. Esto obligará al Estado a destinar más recursos al pago de intereses de la deuda, limitando el margen para enfrentar desafíos sociales y de seguridad. La situación actual refleja un deterioro de la percepción internacional sobre la estabilidad económica colombiana.
El precedente de Brasil en 2011, donde una política de gasto expansivo llevó a la pérdida del grado de inversión, sirve como advertencia. En ese entonces, el relajamiento fiscal terminó en ajustes severos y pérdida de confianza. Colombia, aunque aún mantiene una calificación BB+ —por debajo del grado de inversión—, enfrenta una presión creciente por parte de los acreedores, que ya están aplicando tasas similares a bonos de alto riesgo.
Durante 2024, el Gobierno recurrió a maniobras contables —como ingresos extraordinarios por ventas de activos y resolución de pleitos— para maquillar los balances fiscales. Sin embargo, estas medidas no convencieron a los expertos, que las calificaron como poco transparentes. Ahora, el Ejecutivo sostiene que gran parte del gasto es inflexible debido a leyes que determinan rubros como salud, pensiones y subsidios a combustibles.
La clave, según economistas como Jesús Alonso Botero y Mauricio Salazar, será la presentación de un plan de ajuste creíble a mediano plazo, que podría calmar a los mercados y evitar un mayor deterioro de la calificación crediticia. Pero los desencuentros dentro del propio Gobierno y la proximidad electoral complican la posibilidad de adoptar recortes significativos. La sostenibilidad fiscal de Colombia dependerá ahora de su capacidad de conciliar responsabilidad presupuestaria con sus objetivos sociales.
Vía: El País, España