Francia enfrenta una grave crisis de sobrepoblación en sus cárceles, con más de 82.900 reclusos y solo 62.000 celdas disponibles. Ante este panorama, el presidente Emmanuel Macron planteó la posibilidad de alquilar celdas en otros países europeos, una medida sin precedentes en el país pero ya aplicada por naciones como Bélgica y Dinamarca en el pasado. La propuesta ha generado un intenso debate sobre su viabilidad económica, legal y ética.
La experiencia de países como Bélgica, que alquiló celdas en Países Bajos entre 2010 y 2016, demostró las complicaciones logísticas y humanas del modelo, especialmente en lo que respecta a la formación del personal, la aplicación de diferentes marcos legales y las visitas familiares. Experiencias similares, como el acuerdo entre Dinamarca y Kosovo, han tenido altos costos, superando los 200 euros diarios por recluso, lo que cuestiona su sostenibilidad económica para Francia.
Diversos expertos y sindicatos del sistema penitenciario han criticado la propuesta, señalando que el aislamiento de los presos lejos de sus redes familiares y comunitarias puede perjudicar su reinserción social. Annabelle Bouchet, funcionaria de libertad condicional, advirtió que alejar a los reclusos de su entorno laboral y de apoyo compromete los procesos de rehabilitación, y que la medida no resolvería de fondo el problema estructural del sistema penitenciario francés.
En lugar de recurrir a cárceles extranjeras o construir más centros con estructuras modulares, sectores del sistema judicial y social francés proponen soluciones alternativas. Estas incluyen el uso de penas sustitutivas y un mayor enfoque en la atención de la salud mental y las adicciones, considerando que muchas personas encarceladas lo están por causas asociadas a estas problemáticas. La discusión sobre el futuro del sistema penitenciario en Francia sigue abierta y cada vez más urgente.
Vía: Euronews