El gobernador de Tarija, Oscar Montes, expresó su preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa la Gobernación, la cual calificó como “hipotecada” debido a las cuantiosas deudas contraídas en gestiones anteriores, especialmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que ahora está exigiendo su pago mediante múltiples cartas de vencimiento.
La Gobernación debe presupuestar anualmente cerca de 100 millones de bolivianos solo para el pago de estas deudas, lo que representa una parte significativa de los 240 millones que se espera recibir este año, desarrolló Montes.
De los recursos restantes, detalló que 60 millones se destinan al funcionamiento institucional y otros 45 millones a seguros, alimentos para niños, atención a personas con enfermedades mentales y otras obligaciones básicas. Esto deja aproximadamente entre 35 y 40 millones para cumplir con más de 90 leyes sociales que, en conjunto, demandan unos 400 millones de bolivianos, monto totalmente inalcanzable bajo las actuales condiciones.
Montes advirtió que ya se están elaborando proyecciones para definir hasta cuándo podrán cumplirse programas como el Prosol, los pagos de ítems, la entrega de canastas alimentarias y otras obligaciones. Anticipó que llegará un punto en el que no se podrá pagar ni a los servicios del primer, segundo ni tercer nivel de atención.
Finalmente, el gobernador lamentó que algunos asambleístas no comprendan la gravedad de la situación y hayan rechazado el Plan de Emergencia Financiera propuesto por el Ejecutivo departamental. Según Montes, esa negativa impide tomar medidas de ordenamiento y empuja a la Gobernación hacia una crisis más severa, cuyas consecuencias recaerán en los mismos sectores que se opusieron a las soluciones planteadas.
