El ministro de Justicia, César Siles, lanzó una dura advertencia al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al señalar que, de paralizar el proceso electoral, sus magistrados podrían enfrentar juicios de responsabilidades conforme a la Ley 044. En una conferencia de prensa, Siles aseguró que no existe posibilidad legal de suspender las elecciones generales del 17 de agosto, pese a las múltiples acciones constitucionales que se han presentado en contra del proceso.
El ministro remarcó que cualquier eventual declaración de inconstitucionalidad por parte del TCP no tendrá efecto retroactivo sobre el actual proceso electoral, ya que este cuenta con un calendario aprobado y en ejecución. Además, recordó que el TCP no tiene competencia legislativa, y por tanto no puede modificar leyes, sino únicamente exhortar a la Asamblea Legislativa o al Órgano Ejecutivo a considerar reformas.
Las advertencias de Siles surgen en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad del proceso electoral. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, alertó sobre riesgos latentes debido a las acciones de inconstitucionalidad presentadas en diferentes salas constitucionales. Aseguró que, pese a estos desafíos, el órgano electoral mantiene firme su compromiso con la realización de los comicios en agosto.
Entre los recursos que generan inquietud se encuentra la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el exdiputado Israel Huaytari, que cuestiona la legalidad de la convocatoria electoral por no aplicar criterios de paridad en los binomios presidenciales. A esto se suma otro recurso anunciado por el exmagistrado Gualberto Cusi, en defensa de los derechos electorales de los pueblos indígenas.
A pesar del clima de incertidumbre jurídica, Siles fue enfático al señalar que no hay fundamentos legales para detener las elecciones. Recordó que los magistrados del TCP tienen la obligación de actuar con responsabilidad institucional y que cualquier intento de alterar el curso del proceso democrático tendrá consecuencias legales. La tensión entre los órganos del Estado evidencia el complejo panorama político rumbo a las elecciones generales de 2025.
Vía: Los Tiempos