La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, atraviesa una nueva escalada de violencia debido a la ofensiva del Frente 33, una disidencia de las FARC, para recuperar territorios en Tibú. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos con el ELN, el secuestro de un líder campesino y ataques a comunidades indígenas. El conflicto ha generado un aumento en el número de desplazados, superando ya las 60.000 personas.
Las disidencias han sumado refuerzos desde otras regiones del país y han intensificado su accionar, mientras que el ELN mantiene el control sobre varias zonas y obliga a los habitantes a acatar sus directrices. Autoridades y organizaciones de derechos humanos advierten que la situación se ha agravado con ataques directos contra líderes indígenas del pueblo Barí, tradicionalmente respetados por los grupos armados.
A pesar de la militarización de la zona y las estrategias del Gobierno, la crisis humanitaria se profundiza. Líderes locales denuncian que la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente, con ayudas limitadas y sin avances en la solución estructural de los problemas del Catatumbo. La inseguridad alimentaria y la falta de condiciones para el retorno seguro de los desplazados siguen siendo preocupaciones centrales.
En medio de la tensión, hay rumores de que el ELN podría lanzar una nueva ofensiva contra el Frente 33. Mientras tanto, el conflicto amenaza con extenderse a otras regiones como Arauca y el Magdalena Medio, lo que podría generar una crisis aún mayor. Expertos advierten sobre la necesidad de una intervención estatal más efectiva para evitar una tragedia humanitaria en la zona.
Vía: El País, España