Ante la persistente escasez de combustibles en Bolivia, el Comité pro Santa Cruz y los 24 sectores de las 15 provincias que lo conforman exigieron al Gobierno la liberación inmediata de la importación de carburantes sin burocracia ni restricciones. Durante una reunión de emergencia, los cívicos denunciaron que las medidas implementadas por el Ejecutivo no han dado los resultados esperados y que la normativa vigente impone obstáculos que desincentivan la participación del sector privado en la comercialización de diésel y gasolina.
En 2024, el Gobierno aprobó dos decretos supremos para permitir la importación y venta de combustibles por parte de privados. Sin embargo, el Decreto Supremo 5271, que prohíbe a los importadores vender carburante subvencionado por YPFB, generó desinterés en el sector debido a la brecha de precios. Tres meses después de su entrada en vigencia, ninguna empresa privada comercializa combustible importado, lo que ha agravado la crisis de abastecimiento en distintas regiones del país.
El Comité pro Santa Cruz también manifestó su respaldo al Comité Multisectorial, integrado por productores, empresarios, gremialistas y transportistas, que protesta contra la Ley Financial y otras medidas económicas del Gobierno. Los cívicos advirtieron que, si no se atienden sus demandas, convocarán a una Asamblea de la Cruceñidad para definir nuevas acciones de presión.
Finalmente, exigieron a los parlamentarios una rendición de cuentas al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui; al ministro de Economía, Marcelo Montenegro; y al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, sobre el manejo de los fondos para la compra de combustibles. Aseguran que la crisis no se debe a problemas de sobredemanda ni de distribución, sino a la falta de pagos a las empresas transnacionales proveedoras de carburantes.
Vía: La Razón