La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, denunció que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorga licencias desde su sede en Tupiza sin conocer el territorio tarijeño. El municipio arrastra seis procesos legales contra operadoras ilegales y demanda que las consultas previas involucren a todas las comunidades afectadas y no solo al punto de asentamiento.
El avance de la actividad minera en el departamento de Tarija se encuentra bajo observación institucional debido a vacíos regulatorios y la falta de control local. La alcaldesa del municipio de El Puente, Sara Armella, informó que es urgente y necesario consolidar un consenso político y social para elaborar un reglamento departamental que regule el ingreso de las empresas mineras. La autoridad edil cuestionó de manera directa los procedimientos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad encargada de emitir los derechos mineros que, al no contar con oficinas operativas en la región, aprueba solicitudes de explotación desconociendo la realidad geográfica y social de las zonas afectadas.
Ante este escenario de vulnerabilidad ambiental y administrativa, la comuna elevó un reclamo formal ante las autoridades del nivel central del Estado.
«Le hemos pedido al Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Autonomías, que no se autorice el ingreso de empresas mineras a nuestra región por parte de la AJAM. Todas las autorizaciones y permisos los dan desde una oficina en el municipio de Tupiza (Potosí) y, lamentablemente, los otorgan sin conocer el territorio tarijeño. Si bien existe potencial minero en El Puente, no podemos permitir que se pase por encima de nuestra jurisdicción; primero debemos trabajar de manera conjunta en una reglamentación departamental clara». — Sara Armella, Alcaldesa de El Puente.
Seis procesos judiciales contra la minería ilegal y fallos en vilo
El municipio de El Puente se ha consolidado como la región que lidera las acciones legales y de fiscalización en defensa de sus recursos naturales. Armela detalló que la municipalidad ha activado y sostenido seis procesos jurídicos contra empresas que operaban al margen de la ley en diferentes cuencas y distritos, logrando ya una sentencia condenatoria firme de cuatro años de privación de libertad para los implicados en el caso de la mina «La Huarmacheña».
El desglose de los litigios y el estado de las causas que maneja el equipo legal del municipio comprende los siguientes puntos:
- Justicia Agroambiental: Dos demandas radicadas ante el Juez Agroambiental de San Lorenzo por explotación irregular en las localidades de Candelaria y Esmoraca.
- Ministerio Público: Dos procesos penales en fase de investigación penal en la Fiscalía, correspondientes a los sectores de Paicho y Candelaria.
- Conflicto de Competencia: Un proceso originado en Esmoraca que fue derivado de forma irregular desde San Lorenzo hacia las oficinas de la AJAM en Tupiza, donde la demanda municipal fue rechazada, encendiendo las alarmas de la alcaldía.
Cuestionamiento al Tribunal Electoral por consultas previas selectivas
La reactivación del debate minero coincide con la notificación de nuevos informes que pretenden viabilizar el ingreso de más consorcios extractivos al municipio. Respecto a los mecanismos de validación social, la alcaldesa Armela observó con preocupación el rol que viene desempeñando el Tribunal Electoral Departamental (TED) en el acompañamiento de los procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos locales.
La postura municipal exige cambiar la metodología de las consultas para evitar la división de los comunarios, puntualizando que el diálogo obligatorio no puede limitarse estrictamente a la pequeña comunidad o parcela donde se prevé asentar físicamente la maquinaria de la empresa.
Al contrario, las autoridades de El Puente exigen que los talleres y votaciones convoquen de manera vinculante a todos los actores sociales, subcentrales y distritos colindantes, ya que los impactos ambientales, la contaminación de fuentes de agua y el uso de las rutas de transporte pesado afectan de manera integral a toda la microcuenca del Valle del Paicho y las zonas productivas aledañas.