La negociación entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) ingresó en una etapa de incertidumbre luego de que la dirigencia sindical condicionara la continuidad del diálogo a la liberación de 103 personas procesadas durante los operativos de desbloqueo realizados en distintas regiones del país.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Planificación, José Romero, informó que una comisión integrada por representantes del Gobierno, la COB y la Fiscalía trabajó durante toda la jornada para analizar la situación jurídica de los detenidos y elaborar un informe que será presentado este jueves.
Romero explicó que los equipos legales de ambas partes revisan cada expediente con el objetivo de establecer un diagnóstico completo sobre los procesos abiertos y facilitar la continuidad de las conversaciones para la pacificación del país.
De acuerdo con el tercer informe de conflictividad elaborado por la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se registraron 365 personas arrestadas en el marco de los operativos de desbloqueo. De ese total, 247 fueron liberadas, 103 quedaron imputadas y 15 aún no tienen una situación legal definida.
Datos previos de la misma institución señalan que 19 personas cumplen detención domiciliaria, cinco cuentan con medidas sustitutivas, 12 permanecen con detención preventiva en centros penitenciarios y otras 17 recibieron sentencia mediante procedimientos abreviados.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que cualquier decisión se adoptará respetando el debido proceso y la normativa vigente. Indicó que cada caso será evaluado individualmente antes de definir posibles medidas o acuerdos.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, manifestó su expectativa de que las conversaciones se reanuden durante la mañana y se extiendan durante toda la jornada, destacando que el diálogo continúa siendo la principal vía para alcanzar la pacificación.
Entre los casos que podrían ser analizados se encuentran los procesos abiertos contra dirigentes de la COB, entre ellos Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros líderes sindicales vinculados a las movilizaciones.
Sin embargo, los sectores movilizados mantienen una postura firme. El representante de los interculturales, Marín Sandoval, afirmó que no se instalarán nuevas mesas de trabajo mientras no exista una señal clara de liberación de los detenidos y el cese de procesos contra dirigentes sindicales.
Actualmente, las 103 personas imputadas enfrentan cargos como asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y tentativa de homicidio. Mientras tanto, Gobierno y COB coinciden en que la única mesa activa es la que analiza la situación jurídica de los procesados, cuyo informe será clave para definir el futuro del diálogo nacional.
Vía: El Deber