El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida Cardona anunció la presentación de un proyecto de ley para suspender y abrogar la Ley 767, norma que establece la retención del 12% de las regalías destinadas a la exploración y explotación hidrocarburífera. La propuesta también plantea la devolución de los recursos descontados desde 2015 a gobernaciones, municipios y universidades.
Fuenzalida cuestionó que esta normativa se haya implementado bajo la premisa de que Bolivia contaba con abundantes reservas de gas, lo que derivó —según indicó— en la “confiscación” de recursos regionales. Señaló que, hasta la fecha, se acumulan entre 600 y 700 millones de dólares que deberían ser restituidos a las regiones.
El legislador sostuvo que estos fondos son fundamentales para reactivar inversiones en áreas prioritarias como salud, educación y proyectos de desarrollo. En el caso de Tarija, estimó que la devolución podría representar alrededor de 68 millones de bolivianos o más, lo que permitiría fortalecer la economía local.
Asimismo, criticó la falta de resultados en materia de exploración hidrocarburífera, afirmando que se han invertido más de 1.000 millones de dólares sin hallazgos significativos. Indicó que se realizaron al menos 12 proyectos de exploración, los cuales —según su versión— no tuvieron éxito.
Fuenzalida también expresó preocupación por la falta de transparencia y control sobre estos recursos, señalando que se desconoce con certeza su situación actual, aunque deberían estar resguardados en el Banco Central de Bolivia. En ese sentido, informó que se han solicitado informes oficiales que aún no han sido respondidos.
Finalmente, el diputado remarcó que la iniciativa busca fortalecer la autonomía regional, devolviendo a las entidades territoriales la capacidad de decidir sobre sus recursos. Insistió en que la restitución total de estos fondos es clave para impulsar el desarrollo desde las regiones hacia el nivel central.