La reciente promulgación de la Ley 157 ha desatado un creciente rechazo en Tarija y la región del Chaco, donde organizaciones campesinas advierten posibles riesgos sobre la propiedad de la tierra, mientras el Gobierno defiende la norma como una herramienta para impulsar el desarrollo rural.
El debate se ha intensificado en los últimos días, evidenciando una fuerte división entre sectores sociales y autoridades nacionales sobre los alcances reales de la legislación.
La ley introduce cambios en el régimen agrario al permitir que pequeñas propiedades puedan transformarse en medianas o empresariales de manera voluntaria, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos formales.
Sin embargo, este punto es precisamente el más cuestionado, ya que implicaría que tierras históricamente inembargables puedan ser utilizadas como garantía ante entidades financieras.
Dirigentes campesinos alertan que esta modificación pone en riesgo la seguridad de las familias rurales, al exponer sus terrenos a posibles embargos en caso de incumplimiento de deudas.
En Tarija, representantes del sector han manifestado preocupación por la falta de consulta previa, señalando que la norma podría vulnerar principios establecidos en la Constitución y leyes agrarias vigentes.
El rechazo también se ha extendido a nivel nacional, con organizaciones indígenas e instituciones que advierten riesgos como la concentración de tierras, la mercantilización del territorio y posibles impactos ambientales derivados de modelos productivos intensivos.
Frente a estas críticas, el presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que la ley está siendo malinterpretada, insistiendo en que no afecta tierras comunitarias y que su objetivo es ampliar el acceso a financiamiento, evitando que los productores recurran a sistemas informales.
