Una inspección judicial destinada a verificar denuncias de minería ilegal en el municipio de Morochata, en Cochabamba, fue abruptamente interrumpida tras una emboscada contra una comisión interinstitucional que se trasladó hasta la comunidad de Chuñavi para constatar daños ambientales.
La diligencia había sido programada por el Juzgado Agroambiental de Independencia luego de reportes formales que alertaban sobre actividades extractivas irregulares dentro de una zona considerada crítica del Parque Nacional Tunari.
Según informes oficiales, un grupo de comunarios presuntamente vinculado a la actividad minera ilegal interceptó de forma violenta a la comisión, obligando a suspender el operativo antes de completar la inspección prevista.
La directora ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Cecilia Miranda Chávez, confirmó que pese a los hechos el juez logró verificar parte de los daños denunciados, evidenciando afectaciones ambientales significativas.
Entre los impactos observados se encuentran desmontes ilegales, contaminación y alteraciones en un ecosistema clave para la provisión de agua y la conservación de la biodiversidad regional. Además, durante el incidente se denunció el robo del expediente físico del proceso judicial.
La autoridad aseguró que, pese a la violencia registrada, el proceso legal continuará y se espera una resolución orientada a la protección de los recursos hídricos y del patrimonio natural del área protegida.
La inspección realizada el 18 de febrero contó con la participación de representantes del juzgado agroambiental, el Viceministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Morochata y la Brigada Parlamentaria, además de técnicos del Sernap.
De acuerdo con antecedentes oficiales, las actividades ilegales se remontan a octubre de 2025, cuando técnicos detectaron la apertura de caminos clandestinos para explotación minera en la zona de Chuwaña tras denuncias de organizaciones campesinas.
Aunque se emitieron resoluciones administrativas y notificaciones contra los presuntos responsables, la explotación continuó, lo que motivó la presentación de una Medida Cautelar Ambiental en diciembre para intentar frenar las operaciones.
El caso reabre el debate sobre la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas del país y los riesgos que enfrentan las instituciones encargadas de fiscalizar estos territorios, donde la defensa ambiental se desarrolla en escenarios cada vez más conflictivos.
Vía: La Razón