La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso que el concejal Juan Carlos Medrano elimine de sus redes sociales los videos en los que emitió declaraciones ofensivas contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, al considerar que vulneraron derechos fundamentales.
Según la resolución judicial, las publicaciones atentaron contra la honra, reputación y dignidad de la autoridad electoral, por lo que se ordenó la eliminación inmediata de todo el contenido difundido en plataformas digitales.
La audiencia constitucional se realizó este lunes, con la participación de abogados particulares que representaron a Ávila en una acción legal orientada a frenar lo que calificaron como ataques reiterados desde las redes sociales del concejal.
El conflicto se originó tras la decisión del TSE, emitida el 2 de febrero, de ratificar la eliminación de la sigla ADN del registro de organizaciones políticas con personería jurídica, medida que dejó a Medrano fuera de la contienda electoral prevista para marzo.
A partir de esa determinación electoral, el concejal intensificó sus críticas públicas contra la autoridad nacional electoral mediante videos y publicaciones que posteriormente fueron cuestionados ante la justicia constitucional.
Con el fallo, Medrano está obligado a retirar todos los materiales observados; sin embargo, el legislador municipal sostiene que la decisión busca silenciar sus denuncias y limitar su derecho a expresarse públicamente.
El concejal también afirmó que sus declaraciones responden a cuestionamientos políticos y denuncias que, según indicó, pretendía formalizar, aunque hasta el momento ninguna fue presentada ante el Ministerio Público.
Por su parte, la autoridad electoral aclaró que la acción constitucional no pretende restringir la libertad de expresión, sino garantizar que este derecho se ejerza dentro de los límites establecidos por la Constitución.
El boletín institucional remarca que el fallo busca preservar el respeto entre autoridades y evitar que el debate político derive en ataques personales que afecten derechos fundamentales.
El caso reabre el debate sobre los límites entre libertad de expresión y responsabilidad en redes sociales, especialmente en un contexto electoral marcado por tensiones políticas y alta exposición mediática.
Vía: El Deber