La Asociación de Surtidores de Tarija (Asosur) pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) investigar a fondo el origen de la gasolina adulterada que habría provocado daños en motores de vehículos, principalmente en el departamento de Santa Cruz, con el fin de establecer responsabilidades claras.
El pronunciamiento fue realizado por el presidente de Asosur Tarija, Moisés Hidalgo Abán, quien sostuvo que los reportes conocidos hasta ahora se concentran en Santa Cruz y que no existe confirmación de hechos similares en otros departamentos, incluido Tarija.
Hidalgo señaló que la contaminación del combustible podría haberse producido por el uso de tanques o cisternas en mal estado, aunque aclaró que no cuenta con información técnica suficiente para precisar el punto exacto donde se habría adulterado la gasolina.
En ese marco, enfatizó que la ANH es la entidad responsable de supervisar, fiscalizar y controlar la calidad de los carburantes en todo el país, por lo que consideró que corresponde a esta institución esclarecer el caso y determinar si existió negligencia o fallas en la cadena de distribución.
El dirigente explicó que, por la dinámica del mercado, millones de litros de combustible se despachan diariamente y los tanques se renuevan de forma constante. Añadió que, si bien en los depósitos existe una “carga muerta” donde se decantan impurezas o restos de agua, estas no deberían salir al sistema de despacho.
Reiteró que la hipótesis más probable apunta a una contaminación previa, posiblemente en cisternas, y remarcó que en Tarija no se han reportado daños concretos en vehículos atribuibles a este problema.
Consultado sobre los controles de calidad, Hidalgo aclaró que los surtidores se limitan a recibir y comercializar el combustible que les entrega YPFB, sin contar con laboratorios propios para verificar su composición, más allá de pruebas básicas como la detección de agua, que se realizan a diario.
Respecto a la posibilidad de un sabotaje dentro de YPFB o en la cadena de distribución, el presidente de Asosur admitió que no se puede descartar esa probabilidad, aunque insistió en la necesidad de una investigación técnica que despeje dudas y devuelva la confianza a los usuarios.
Finalmente, sostuvo que este tipo de episodios no beneficia a nadie, ni a los propietarios de vehículos ni al Estado, y advirtió que hechos como estos afectan la seguridad jurídica y la credibilidad del país. Sobre el daño reportado en motores, indicó que resulta llamativo, ya que los sistemas de filtrado de los surtidores deberían retener impurezas, lo que hace el caso “extraño” y refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
Vía: El Periódico