A 41 días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el escenario político en Tarija comienza a tensarse con fuerza. La disputa electoral se ha trasladado en gran medida a las redes sociales, donde proliferan campañas de desprestigio, publicaciones pagadas y mensajes anónimos que buscan dañar la imagen de candidatos y candidatas en plena recta final hacia las urnas.
Facebook se ha convertido en el principal campo de batalla de esta denominada “guerra sucia”, con la aparición de perfiles falsos y páginas de reciente creación que difunden ataques personales y acusaciones políticas. Aunque el Tribunal Electoral Departamental (TED) asegura que realiza monitoreos permanentes, hasta el momento no se han activado procesos sancionatorios, lo que evidencia las limitaciones del control en el entorno digital.
La desinformación y los mensajes agresivos se repiten tanto en la carrera por la Gobernación como en la disputa por las alcaldías. En el debate virtual se instalan consignas sobre la “vieja rosca”, presuntos pactos políticos y cuestionamientos sobre la defensa de áreas sensibles como Tariquía, frente a acusaciones de silencio o complicidad con intereses petroleros.
En el ámbito departamental, la confrontación se concentra principalmente entre Mario Cossío y Adrián Oliva, aunque también comienzan a aparecer con mayor frecuencia los nombres de Never Antelo y Richard Rocha. En la capital, Cercado, la pugna más visible se da entre Luciana Campero y Johnny Torres, con contenidos que circulan masivamente desde cuentas sin identificación clara.
Desde el TED reconocen que fiscalizar este tipo de campañas resulta complejo. La vocal Mayli Alvarado explicó que existe un marco normativo que contempla la guerra sucia, las ofensas, presiones y el acoso político, y que estos pueden ser sancionados en función del contexto y la gravedad de los hechos.
Alvarado indicó que el Tribunal cuenta con personal encargado del monitoreo de la propaganda electoral y que los procesos pueden iniciarse de oficio o por denuncias formales de organizaciones políticas o ciudadanos. Sin embargo, admitió que hasta ahora no se ha registrado ningún caso que derive en una sanción concreta.
La coyuntura electoral en Tarija, y a nivel nacional, deja en evidencia la dificultad de aplicar la normativa frente a campañas digitales que se difunden desde perfiles falsos o páginas que no están vinculadas oficialmente a ninguna organización política, lo que complica la identificación de responsables.
Con miras a las subnacionales de 2026, el Tribunal Supremo Electoral aprobó un reglamento específico que busca prevenir y sancionar la guerra sucia, sustentado en la Ley del Régimen Electoral y en normas contra la violencia política y de género, como las leyes 348 y 243, con el objetivo de garantizar una contienda equitativa y libre de agresiones.
La normativa establece sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación de candidaturas y responsabilidades para medios de comunicación que difundan propaganda ilegal. No obstante, el mayor desafío para las autoridades electorales sigue siendo identificar a los autores de campañas encubiertas en redes sociales, el principal talón de Aquiles del control electoral en la era digital.
Vía: El País, Tarija