La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión que permitía a una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá, tras declarar inconstitucionales las leyes que sustentaban el contrato, según informó oficialmente el tribunal.
El fallo afecta directamente a los puertos de Balboa, en el océano Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, administrados desde 1997 por la empresa Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison. No obstante, la Corte no detalló los fundamentos específicos de la inconstitucionalidad ni aclaró las consecuencias inmediatas sobre la continuidad de las operaciones portuarias.
La nulidad del contrato fue solicitada por la Contraloría General de la República, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión violaba la Constitución y presentaba múltiples irregularidades en su ejecución y renovación.
El contralor Anel Flores aseguró que una auditoría detectó pagos no realizados, errores contables y la presunta existencia de una “concesión fantasma” dentro de los puertos desde 2015, acusaciones que fueron rechazadas por la empresa concesionaria.
Según la auditoría, estas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a los 300 millones de dólares al Estado panameño desde la extensión del contrato en 2021, y de aproximadamente 1.200 millones de dólares durante los primeros 25 años de la concesión original. Flores sostuvo además que la renovación del contrato se realizó sin el aval obligatorio de la Contraloría.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, calificó en reiteradas ocasiones el contrato como “leonino” y contrario a los intereses nacionales, en un contexto marcado por la presión política de Estados Unidos sobre la presencia china en infraestructuras estratégicas de la región.
El expresidente estadounidense Donald Trump reforzó esa narrativa al afirmar que China controla el Canal de Panamá a través de los puertos operados por la empresa hongkonesa, pese a que la vía interoceánica es administrada por una entidad pública panameña. Durante su toma de posesión, Trump llegó a decir que Washington “recuperará” el canal.
Las tensiones coincidieron con el anuncio de Hutchison de vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y en otras terminales globales a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, en una operación valuada en 22.800 millones de dólares. El acuerdo contó con el respaldo de Estados Unidos, pero generó reparos en China, lo que frenó su avance.
El analista político Edwin Cabrera explicó que el siguiente paso será la notificación formal del fallo a las partes involucradas y que la decisión sobre el futuro de los puertos quedará en manos del Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, aunque anticipó que las operaciones no se detendrían.
La decisión judicial se produce mientras el Canal de Panamá proyecta inversiones por más de 8.500 millones de dólares en la próxima década, incluyendo la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y un embalse, en una ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial, con Estados Unidos y China como principales usuarios.
Vía: Infobae