La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de la personería jurídica de Unión Cívica Solidaridad (UCS) y la inhabilitación de todas sus candidaturas para las elecciones subnacionales. La determinación se da tras verificarse que el partido no alcanzó el mínimo de votos exigido por ley en las últimas elecciones generales.
La resolución fue leída este miércoles en conferencia de prensa por el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, quien explicó los alcances legales de la decisión asumida por el órgano electoral en sesión de sala plena.
En el documento, específicamente en su punto tres, se dispone la cancelación de la personería jurídica del partido liderado por el actual alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. Arteaga precisó que todas las candidaturas presentadas por UCS quedan automáticamente inhabilitadas y que sus postulantes no podrán ser inscritos por otras fuerzas políticas ni alianzas.
La resolución también establece una serie de disposiciones administrativas y técnicas, entre ellas la eliminación de UCS de los sistemas tecnológicos del TSE. Asimismo, se instruyó que el espacio que ocupaba el partido en la papeleta electoral sea reemplazado por un “tramado especial”, con el fin de no alterar el orden de las demás organizaciones políticas.
De igual forma, la unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) fue instruida para que UCS no sea incluida en el material electoral correspondiente a los comicios subnacionales previstos para marzo.
Otro punto relevante de la resolución señala que los recursos y bienes del partido UCS pasan a ser propiedad del Estado, los cuales deberán ser destinados a fines sociales, conforme a la normativa electoral vigente.
La decisión del TSE se conoce luego de que la dirigencia de UCS presentara varios recursos con el objetivo de preservar su personería jurídica. Sin embargo, en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, UCS, en alianza con La Fuerza del Pueblo, obtuvo apenas el 1,67% de los votos válidos, muy por debajo del 3% requerido por ley.
Al respecto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, afirmó que el órgano electoral no puede actuar al margen de la normativa. “No podemos permitir que existan bolivianos que nos soliciten no cumplir la ley, eso nunca lo vamos a hacer”, sostuvo.
No obstante, Ávila indicó que las personas que se consideren afectadas por la decisión tienen las vías legales abiertas para presentar acciones y reclamos, al tiempo que advirtió que el TSE recurrirá a las instancias competentes ante amenazas o hechos al margen de la ley.
Previo a conocerse la resolución, varios actores políticos advirtieron sobre una supuesta ilegalidad si se anulaba la personería de UCS. Entre ellos, el candidato a gobernador Rafael “Tata” Quispe, quien incluso amenazó con cárcel a los vocales electorales. Pese a estos cuestionamientos, el TSE ratificó su decisión y confirmó que el calendario electoral continúa sin modificaciones rumbo a las elecciones del 22 de marzo.
Vía: La Razón