La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos, alertó sobre un posible incremento en la tarifa del servicio de alcantarillado sanitario que estaría siendo gestionado por la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT), situación que, según indicó, aún no fue informada de manera oficial a la población ni al Concejo Municipal. La autoridad expresó su preocupación por el impacto económico que esta medida podría tener en los hogares tarijeños.
Ramos señaló que existiría un estudio técnico vinculado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Blas que establecería un costo aproximado de 45 bolivianos por el tratamiento de aguas residuales, muy por encima de los 17 bolivianos que actualmente se cobran en la factura. Aclaró que el monto vigente corresponde únicamente al traslado de las aguas hacia las lagunas de oxidación y su posterior vertido al río Guadalquivir.
La concejal advirtió que, de concretarse la solicitud, la tarifa de alcantarillado podría incrementarse hasta 40, 50 o incluso más de 50 bolivianos, lo que calificó como un posible “tarifazo”. Indicó que esta información es, por el momento, extraoficial, pero sostuvo que COSAALT ya habría solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Ante este escenario, Ramos cuestionó que un eventual aumento pueda aplicarse sin la participación ni el conocimiento del Gobierno Municipal, recordando que los servicios básicos, como el agua potable y el alcantarillado, son competencia municipal. En ese sentido, criticó la falta de transparencia y advirtió que no se puede repetir la práctica de informar a la ciudadanía una vez que las decisiones ya están tomadas.
Por ello, la concejal informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ejecutivo Municipal para que aclare si COSAALT notificó oficialmente sobre la solicitud de incremento tarifario, si el Gobierno Municipal tiene conocimiento formal del tema y qué acciones administrativas se asumieron al respecto. Además, solicitó copias de toda la documentación vinculada a la PTAR de San Blas y a la estructura tarifaria del alcantarillado.
Finalmente, Ramos señaló que el Ejecutivo tiene un plazo de entre 15 y 20 días hábiles para responder al PIE y remarcó la importancia de que la población conozca con claridad el posible incremento tarifario. Agregó que la situación es aún más preocupante debido a que el Gobierno Municipal mantiene una deuda cercana a los tres millones de bolivianos con COSAALT por los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de San Blas.